Marco legal
Fundación FISE
El Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE) fue creado mediante Decreto Ejecutivo No. 59-90, publicado en La Gaceta No.240 del 13 de diciembre de 1990, como un ente autónomo del Estado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y duración de cinco años
El FISE surge como entidad de carácter temporal cuyo propósito fundamental era ayudar a atender las demandas apremiantes de la población en situación de pobreza, particularmente extrema, consecuencia de la situación de guerra que enfrentaba el País y de los ajustes estructurales que el Gobierno estaba llevando a cabo dentro del proceso de estabilización económica, a través del financiamiento de proyectos calificados que permitieran satisfacer necesidades sociales básicas y mediante la generación de empleo.
La duración del FISE fue ampliada en dos ocasiones mediante Decreto No.43-94 y Decreto No.57-98. En 1998, a través de la creación de la Ley 290, “Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo”, se reconoce al FISE como un ente descentralizado del Estado bajo la rectoría sectorial de la Presidencia de la República.
La duración indefinida de la institución fue ratificada en el 2003 mediante el Decreto No.37-2003, el cual reconoce su carácter permanente tomando como base lo establecido en la Ley 290. Por medio de este Decreto se reforma el propósito inicial de la institución y se inserta el elemento de la sostenibilidad en los programas y proyectos promovidos, financiados y supervisados por el FISE, además, reconoce que estos se coordinan y se complementan con los de otras instituciones del sector público y privado para que los recursos y esfuerzos invertidos sean eficientes
Desde el año 2003 hasta la fecha, el Decreto creador del FISE ha sido reformado en diferentes ocasiones. En 2004, a través del Decreto 109-2004, se reformaron las funciones del FISE y resalta la importancia de los programas y proyectos de agua y saneamiento tanto en el sector rural como en los sectores más vulnerables del país, siendo necesaria la coordinación con la Comisión Nacional de Agua potable y Alcantarillado (CONAPAS), posteriormente absorbida por ANA.
